El V Acuerdo Social en Defensa del Empleo viene marcado por la cuarta prórroga de los ERTE hasta el próximo 30 de septiembre de 2021, momento en el que se cumplirán más de dieciocho meses desde el inicio de la Pandemia.
Coincidimos con todos los agentes sociales en que dicha prórroga era y es una medida necesaria y adecuada para aquellas empresas que como consecuencia de una crisis sanitaria y económica que se prolonga ya dieciocho meses, aún necesitan adecuar la plantilla a su demanda actual.
La prórroga de aquello que funciona para un gran número de empresas es una buena noticia. Sin embargo, también se prorrogan algunas de las incertidumbres jurídicas que desde el inicio de la Pandemia nos acompañan, habiéndose perdido nuevamente una gran oportunidad para aclarar y/o matizar determinadas cuestiones, entre ellas, cómo opera la salvaguarda del empleo y las posibles devoluciones de las exoneraciones, o la mal llamada (o bien llamada según quien lo diga) prohibición de despedir por motivo COVID.
Se ha perdido además una oportunidad para hacerlo en un sentido más favorable a los intereses de todos/as. No puede ser que quince meses después del inicio de la crisis y acreditando unas causas suficientes desde el punto de vista legal, una empresa no sepa con seguridad si puede o no despedir a un trabajador/a cuando el motivo tiene relación con el COVID.
Resulta inconcebible que si una empresa, en el mes de septiembre de este año, tras dieciocho meses de Pandemia, tras realizar un esfuerzo ímprobo por recuperar la actividad y mantener el mayor empleo posible, y aún con la ayuda de los ERTE, se ve en la necesidad de tener que prescindir de una sola persona, se vea obligada a devolver las exoneraciones desde el inicio de la totalidad de sus trabajadores/as.
No son interpretaciones razonables atendiendo al tiempo transcurrido desde el inicio de la crisis y a los esfuerzos realizados por muchas empresas.
Está claro que los ERTES están ayudando a muchas empresas y que son una herramienta necesaria, no solo en la época COVID, sino en cualquier circunstancia coyuntural que implique la necesidad de adecuar temporalmente la plantilla a la demanda. Pero con la misma claridad cabe concluir que cuando el ERTE se demuestra una medida insuficiente transcurridos unos meses, la normativa debe ofrecer otro tipo de soluciones.
Las empresas necesitan flexibilidad y seguridad jurídica para que sus proyectos tengan continuidad y para que las personas cuenten con estabilidad y seguridad en el empleo. Y en ocasiones, ello conlleva la necesidad de adoptar alguna medida más traumática, pero con un mismo objetivo; la sostenibilidad en el medio y largo plazo del proyecto en beneficio del mayor número de personas posible.
Por ello, cuando estamos conociendo estos días los textos de la propuesta del Gobierno para una nueva Reforma Laboral, desde CEBEK solo pedimos que se legisle considerando también lo que necesitan las empresas en este inicio de recuperación económica tras la Pandemia. Y en nuestra opinión, ello no pasa por recuperar inflexibilidades de antaño, que ya han demostrado el daño que han hecho al mercado laboral, sino por mantener o incrementar la flexibilidad de las empresas y su capacidad de adaptación.
Esto es lo que nos está exigiendo Europa. Y esta es nuestra opinión desde hace ya tiempo y lo que trasladamos cada día a las administraciones públicas. Sin embargo, parece que lo que se apunta no va por ese camino. En este sentido, solo esperamos que al igual que ahora hemos perdido una oportunidad de consolidar interpretaciones más razonables, no se pierda una nueva oportunidad para establecer una Reforma equilibrada y consensuada.
Francisco J. Azpiazu
Secretario General de CEBEK
