Como era previsible, el debate sobre la fiscalidad ocupó buena parte de las intervenciones durante la comida que tuvo lugar en el Euskalduna de Bilbao con motivo de la asamblea general de la patronal vizcaína, Cebek. «Necesitamos un debate sosegado», requirió Iñaki Garcinuño. A su juicio, ese debate no debe centrarse únicamente en la cuestión recaudatoria, sino que debe tomar en cuenta su «incidencia en la competitividad de las empresas». «El Concierto Económico debe ser utilizado en todas sus potencialidades para hacernos más competitivos», proclamó, para alertar sobre los perjuicios que puede suponer para el tejido empresarial ser sometido a una mayor presión impositiva.
Sin embargo, el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, se mantuvo en la posición más proclive no a reducir, sino a incrementar la presión fiscal sobre las empresas que viene sosteniendo con más o menos énfasis en los últimos meses. Pedro Azpiazu acudió a la metáfora de que «yo también tengo un consejo de administración», en relación al Parlamento, que a su vez se debe «a una junta de accionistas» que es la ciudadanía. Y con algo hay que pagar el gasto social, por lo que apuesta por una reforma fiscal «estructural». Con todo, el consejero recordó que si por algo se ha caracterizado el Gobierno vasco en las últimas décadas es por «ayudar a las empresas». Así que «tratar de lanzar sospechas» sobre lo contrario es intentar dar una imagen «falsa» de la realidad.
Durante el encuentro también intervino la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, quien incidió en la necesidad de que la industria vasca avance en la implantación del modelo 4.0 y destacó su presencia internacional. Preguntada sobre si Euskadi está en venta, a la vista de las recientes compras de firmas emblemáticas, destacó que la comunidad autónoma tiene empresas que «son muy atractivas» y «en el mundo hay mucho dinero». Es decir, «se acercan inversores». El reto es que las compañías se mantengan aquí eso tan indeterminado que se llama arraigo. En este sentido, Tapia destacó que «no es suficiente que una empresa mantenga aquí su sede social: también ha de tener los empleos de calidad, la producción…».
