El Gobierno eximirá del pago de cotizaciones a las empresas que hagan ERTEs y no despidan
Rueda de prensa de Pedro Sánchez tras el Consejo de Ministros – MONCLOA
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un “potente” conjunto de medidas económicas y laborales para afrontar los efectos del coronavirus, entre la que se incluye la exoneración del pago de cotizaciones a aquellas empresas que, en lugar de despedir trabajadores, se acojan a expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) .
Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha destacado además que esta medida aliviará las cargas financieras de las empresas y permitirá recuperar empleo “cuanto antes”.
Sánchez ha explicado que todos los ERTEs se considerarán realizados por fuerza mayor y se gestionarán rápido, y todos los trabajadores afectados por estos procedimientos tendrán derecho a cobrar el paro aunque no cumplan con el periodo de cotización mínimo exigido para ello. Además, no se considerará consumido el tiempo que dure la percepción de esta prestación (contador a cero).
“Se prioriza así la suspensión de contratos y reducción de la jornada frente a los despidos”, ha subrayado Sánchez, que ha hecho un llamamiento a los empresarios para que se acojan a estas medidas en lugar de recortar plantillas.
El decreto aprobado hoy impulsa el teletrabajo a través de una dotación “importante” a las empresas para la compra de ordenadores, al tiempo que permite a los trabajadores adaptar o reducir su jornada laboral para el cuidado de personas a su cargo, siendo posible una reducción del 100% de la jornada.
SE FLEXIBILIZA EL COBRO DEL PARO PARA LOS AUTÓNOMOS
El presidente ha avanzado además que se flexibilizará el acceso a la prestación por cese de actividad de los autónomos y se eximirá del pago de cotizaciones a los autónomos que vayan al paro.
En concreto, según fuentes del colectivo, se establece una prestación extraordinaria por cese de actividad sujeta a una regulación distinta a la ordinaria, según la cual el autónomo podrá pedir un ERTE para sus trabajadores y solicitar al mismo tiempo el cobro de una prestación extraordinaria por cese de actividad, sin obligación de cotizar mientras dure esta situación excepcional.
El jefe del Ejecutivo ha agradecido a sindicatos y empresarios las “valiosas” propuestas que le hicieron llegar para combatir los efectos del coronavirus en la economía y el empleo, algunas de las cuales se han incorporado al decreto.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes la movilización de hasta 200.000 millones de euros, el 20% del PIB español, para paliar el impacto económico y social de la crisis del coronavirus, de los que 117.000 millones procederán íntegramente del sector público (17.000 millones para sectores vulnerables) y el restante se complementará con movilización de recursos privados.
Así lo ha anunciado Sánchez tras el Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado un nuevo paquete de medidas como “escudo” al impacto de la crisis con el fin de “frenar la curva descendente” del empleo y la producción.
“Es la mayor movilización de recursos económicos de la historia reciente de España”, ha afirmado Sánchez, quien ha indicado que se aplicarán en un “muy corto espacio de tiempo” y supondrá un “enorme esfuerzo” ante la magnitud y el desafío social y económico.
Sánchez ha afirmado que el real decreto-ley aprobado este martes es “el mayor que se ha aprobado a lo largo de la historia de la democracia”, por lo que ha insistido en la importancia de establecer un “escudo social y económico” para paliar el impacto del Covid-19.
Con este plan de choque “sin precedentes” ha aseverado que “nadie se va a quedar atrás, si bien ha subrayado que hay que actuar “unidos” administraciones, trabajadores y empresarios para trabajar con resolución, por lo que ha pedido la colaboración de todos los agentes económicos, a los que ha agradecido, junto a patronal, sindicatos, líderes de la oposición y presidentes autonómicos, su cooperación tras las reuniones de estas últimas semanas para consensuar medidas.
De esta forma, ha querido lanzar un mensaje “contundente” a las empresas y los mercados respecto a que el Estado va a proporcionar “toda la liquidez que se necesite para mantenerse operativo”, ya que no va a permitir que “los problemas temporales puedan convertirse en problemas de solvencia”. Por ello, ha pedido a las empresas que mantengan el empleo y la actividad económica.
Así, ha anunciado una línea de avales con valor de hasta 100.000 millones que permitirá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones en el sistema económico si se incorpora al sector privado. El Estado será el garante de las operaciones.
También se aprueba una línea de avales adicionales de 2.000 millones para empresas exportadoras con mecanismos ágiles y medidas para facilitar la reestructuración de créditos a exportación agrarias afectadas por la sequía. Además, se destinan 30 millones a investigación de vacunas.
Las nuevas medias incluyen 600 millones para la prestación de servicios básicos a comunidades autónomas y entes locales y se garantizan los suministros y los servicios de comunicaciones, así como el derecho a la vivienda con la moratoria de las cuotas de hipotecas para personas de situación de especial vulnerabilidad.
Además, se ha reforzado la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que las empresas de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de empresas españolas aprovechando la caída coyuntural de sus acciones en esta situación.
“El frenazo en seco de la economía española es temporal, coyuntural y posteriormente tendremos que hacer frente a reconstrucción y recuperación económica y social del país”, ha apostillado. “Resistiremos el golpe”, ha afirmado.
Las nuevas medidas se sumarán a las primeras del paquete de choque económico ya recogidas en el decreto-ley aprobado el pasado jueves en Consejo de Ministros extraordinario, con la inyección de 18.225 millones para paliar las consecuencias económicas.
No obstante, Sánchez ha avanzado que pedirá que la Comisión Europea movilice recursos y flexibilice las reglas fiscales. Por ahora la Comisión Europea ha anunciado que adoptará medidas para garantizar liquidez, así como el uso de 37.000 millones de fondos estructurales, de los que 4.100 irán para España.
Además, afirmó que cuando pase la crisis, la UE tiene que ser capaz de movilizar recursos para la reactivación económica y para que la economía europea recupere el “brío” que tenía antes de la crisis.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno ha modificado la normativa que regula la inversiones desde el exterior para impedir que empresas de fuera de la Unión Europea (UE) puedan hacerse con el control de compañías del país en sectores estratégicos aprovechando el declive bursátil de las últimas jornadas.
“Hemos reformado la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de países de fuera de la UE puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos”, ha anunciado Sánchez ante el fuerte descenso de la capitalización registrado por algunas grandes compañías del Ibex 35 por la crisis del coronavirus.
De esta manera, Sánchez ha explicado que se intenta evitar que compañías extranjeras aprovechen la “caída coyuntural” del valor de las acciones de estas compañías “en esta situación de crisis económica y de extrema volatilidad los mercados financieros”.
El Gobierno blindará a las empresas españolas para impedir que sean opadas aprovechando su caída en Bolsa
El Gobierno blindará a las empresas españolas para impedir que la caída de su cotización por las medidas adoptadas para frenar el coronavirus les haga presas fáciles de compañías de fuera de la UE.
Sánchez ha detallado que en el Real Decreto aprobado este martes se ha reforzado la normativa sobre inversiores exteriores “para impedir que empresas de fuera UE puedan hacerse con el control de empresas aprovechando la caída conyuntural de sus acciones en esta situación”.
El desplome bursátil de los últimos días había puesto a tiro de OPA a algunas de las principales empresas estratégicas del país, como Telefónica, Banco Santander o BBVA, entre otras, que veían cómo sus acciones se desplomaban por debajo de lo que indican sus fundamentales.
El Gobierno destinará 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas y de los entes locales con especial atención a la asistencia sanitaria de personas mayores, dependientes y colectivos vulnerables, por la pandemia del coronavirus. También garantizará el suministro energético y de agua y los servicios de telecomunicaciones a las familias más vulnerables como consecuencia de esta crisis.
“No vamos a dejar a nadie atrás, especialmente a los más vulnerables”, ha asegurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este martes 17 de marzo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En concreto, ha anunciado medidas en cuatro áreas, una de las cuales se refiere al apoyo a las familias vulnerables o que han devenido en una situación de vulnerabilidad como consecuencia del impacto de las medidas adoptadas por la crisis del coronavirus.
En concreto, de esos 600 millones de euros, la mitad irán destinados a un fondo especifico de contingencia para reforzar la atención a personas mayores, sin techo y en residencias de mayores y dependientes y otros 300 millones, para la flexibilización de la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan usar su superávit si lo invierten en partidas de atención social: atención a la dependencia, servicios sociales y todo tipo de problemas de índole social asociados al coronavirus, según ha concretado posteriormente Unidas Podemos.
En este plan, el Gobierno también contempla garantizar el derecho a la vivienda de las personas con más dificultades y, por ello, ha establecido una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad que vean reducir sus ingresos. “Ninguna persona en una situación económica difícil perderá su vivienda. En esta crisis nadie será desahuciado de su casa por atravesar una situación económica difícil”, ha subrayado.
Sánchez ha precisado que este es un primer paquete de medidas sociales que seguirán desarrollando de la mano de otras administraciones, en especial, de las entidades locales con las que espera reunirse en los próximos días.
El Gobierno ha aprobado también este martes la flexibilización de la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan invertir hasta 300 millones de euros de su superávit en partidas de atención social de colectivos afectados por la expansión del Covid-19, como había reclamado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Fuentes del Gobierno han informado a Europa Press de que esta es una de las medidas que contempla el plan de choque social incluido en el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros, con medidas para hacer frente al impacto social y económico de la pandemia en los ciudadanos y la economía española.
Este plan, cuyo impulso reivindica Unidas Podemos y los Ministerios que controla el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, contará con una inversión de 600 millones de euros, tal y como ha informado el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
De esos 600 millones, la mitad procederán del superávit que inviertan los ayuntamientos, gracias a la flexibilización de la regla de gasto, en cuestiones que tengan que ver con atención a la dependencia, servicios sociales y todo tipo de problemas de índole social asociados al coronavirus.
Precisamente la FEMP reclamó este lunes al Gobierno que permitiera a las entidades locales gastar el superávit que tienen en medidas que hagan frente a la situación, mediante la flexibilización de la regla de gasto, una de las limitaciones de la Ley de Estabilidad para controlar el déficit de las administraciones públicas y que hace tiempo que los ayuntamientos piden que se relaje para ellos.
Finalmente, el Gobierno ha aceptado permitir el gasto de hasta 300 millones de euros. No obstante, según los datos facilitados por la FEMP el pasado febrero, se calcula que los ayuntamientos cerrarán 2019 con entre 4.000 y 5.000 millones de euros de superávit, que se sumarán a los remanentes de años anteriores hasta rondar los 26.000 millones de euros.
Dentro de ese paquete social también figura la creación de un fondo especifico de contingencia para reforzar la atención a personas mayores, sin techo y en residencias de mayores y dependientes, dotado con 300 millones de euros.
Asimismo, como medidas de apoyo a las familias, se incluye la moratoria en el pago de hipotecas a personas que hayan reducido sus ingresos o estén en situación de desempleo por el Covid, la moratoria en el pago de suministros básicos (agua, luz y gas) a colectivos vulnerables, y la prórroga automática hasta septiembre del bono social a los hogares beneficiarios.
El Gobierno garantizará servicios “esenciales” como los suministros de energía, agua y telecomunicaciones
El Gobierno garantizará servicios públicos “esenciales” como los suministros de energía, agua y las telecomunicaciones durante el periodo de duración de la crisis provocada por el coronavirus.
Sánchez señaló que de esta manera se garantizan “los suministros esenciales a las personas más vulnerables”.
El presidente del Gobierno ha anunciado la movilización de hasta 200.000 millones de euros, cerca del 20% del PIB español, de los que 117.000 millones de euros procederán íntegramente del sector público y el restante se complementará con movilización de recursos privados, en “la mayor movilización de recursos económicos de la historia reciente de España”.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que se van a destinar 30 millones de euros al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para proyectos que investiguen el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus Covid-19.
Sánchez ha calificado como “fundamental” la investigación para una “cura definitiva” del virus.
Sánchez ha destacado que se va a dedicar una “importante cantidad de recursos” a encontrar una vacuna. “Son medidas para apoyar la investigación científica y médica en la búsqueda de la vacuna en la que está inmersa el mundo, y España no puede permanecer al margen”, ha apuntado.