Cuando se traslada el debate laboral desde las mesas de diálogo social existentes a los platós de televisión y a los periódicos, los objetivos se pervierten. Además, cuando las conversaciones entre los agentes económicos y sociales con el fin de acordar cuáles deben ser las normas que regulen el mercado de trabajo en nuestro País, se mezclan con una campaña electoral adelantada, la confusión es total.
El debate no debiera ser cómo una ministra cumple su compromiso electoral con sus votantes, sino qué marco laboral necesita nuestro país para dar respuesta a las necesidades de empresas y trabajadores/as. El mantra que se utiliza permanentemente para justificar la derogación de la actual legislación es falso, porque la modificación del marco laboral en 2012 no fue la causa del desempleo y la precariedad en nuestro País, sino la crisis económica y la caída de la actividad general en las empresas que fue su consecuencia inmediata en todos los países europeos. Continuar afirmando, casi 10 años después, que aquella Reforma Laboral concedió “carta blanca” a las empresas para actuar, es una afirmación que no por repetirla mil veces se convierte en verdad.
Nadie duda de que es necesario modernizar la legislación laboral para que esta sea capaz de responder a los retos que tienen nuestra sociedad y nuestras empresas. Pero lo que es insostenible es defender que, volviendo al pasado vamos a lograr el pleno empleo. Como si el empleo lo crearan los gobiernos a golpe de BOE.
Las preguntas hoy son: ¿qué hay que reformar? ¿y para qué hay que reformar?
Las condiciones que ha puesto Europa para que lleguen los próximos 13.000 millones de euros a España, dependen de las propuestas de reforma de las pensiones y del mercado de trabajo que plantee el Gobierno antes de fin de año. Estas condiciones son, en resumen: que nuestro sistema de pensiones sea sostenible y que la regulación laboral que se apruebe goce del consenso de los agentes sociales y que, además, no limite la capacidad de las empresas ni el dinamismo económico del país.
Los fondos europeos pretenden transformar nuestra economía, no ayudar a implantar recetas del pasado. Por ello, no es posible modificar el marco regulatorio laboral sin conocer la opinión de empresas y empresarios/as. Son las empresas las que crean empleo y bienestar en nuestra sociedad.
La recuperación económica futura se tiene que construir bajo las premisas de la confianza y la certidumbre. Si no creamos confianza en las empresas, si no existen marcos jurídicos estables en materia socio-laboral, la salida de esta crisis no va a ser solo difícil, sino imposible.
El elemento fundamental que es necesario no solo mantener sino mejorar es la flexibilidad laboral y organizativa. Ello, para poder adaptar las condiciones de trabajo a las necesidades de la empresa cuando se demuestre y justifique una situación de dificultad que ponga en peligro la viabilidad del proyecto empresarial y la estabilidad o seguridad en el empleo. Pero también es necesario afrontar y acordar cuestiones importantes como las condiciones laborales, la temporalidad y la conciliación, contando con políticas activas de empleo exitosas que son claves para conciliar oferta y demanda en el mercado.
La temporalidad es negativa para la empresa y dificulta el logro de un proyecto vital para el/la trabajador/a. Las razones de su permanencia en nuestro país tras muchas reformas laborales vividas son conocidas y han sido suficientemente explicadas. Tienen que ver, entre otras, con los altos costes del despido que no favorecen la elección de la contratación indefinida por parte de las empresas. La dualidad generada entre unos/as trabajadores/as y otros/as, basada en el tipo de contrato y su prolongación excesiva en el tiempo, nos impide dar respuesta a las exigencias de formación y cualificación de las personas, asunto nuclear en la actualidad y demanda repetida permanentemente por las empresas vascas.
Finalmente, las empresas necesitamos modelos de relación colaborativos, más basados en la confianza y el compromiso y menos en el conflicto. Si las estrategias de confrontación continúan prevaleciendo en Euskadi, y hemos visto varios ejemplos recientes, no va a ser posible dar respuesta a las demandas de más competitividad y más sostenibilidad que nos trasladan las empresas y ciudadanos como los retos pendientes para los próximos años. Confiamos que no se pierda una nueva oportunidad para establecer una Reforma equilibrada y consensuada como nos demandan las instancias europeas y requieren las empresas.
Francisco J. Azpiazu
Secretario General de CEBEK
